Los partidos del Gobierno de Ibarretxe (PNV, EA e IU-EB) suman sus votos a los del PP y PSOE para rechazar en el parlamento de Gasteiz medidas contra la impunidad de los torturadores.
Información publicada en GARA el 16 de marzo de 2002.

PNV e IU-EB se suman a PP y PSE para rechazar medidas contra la impunidad

* EA había propuesto la aprobación del decálogo elaborado por Torturaren Aurkako Taldea

* Al final unió sus votos a los de sus socios de Lakua para aprobar una condena genérica

Eusko Alkartasuna llevó ayer al pleno del Parlamento de Gasteiz una proposición no de ley que recogía diversas recomendaciones de organismos internacionales ­Amnistía Internacional y la ONU entre ellos­ para prevenir la tortura en dependencias policiales y «evitar espacios de impunidad que posibiliten estas prácticas inadmisibles». La iniciativa de EA incluía a tal fin nueve medidas concretas, las mismas que propone el colectivo Torturaren Aurkako Taldea (TAT), entre ellas la derogación de la denominada «ley antiterrorista», la supresión de competencias de la Audiencia Nacional, la instalación de cámaras de vídeo en comisarías y cuartelillos y la «investigación real y efectiva» de las denuncias de torturas.

Casi al mismo tiempo que el Parlamento rehuía aprobar medidas concretas contra la tortura, el joven gasteiztarra Unai Romano y el TAT daban a conocer en Donostia el testimonio del primero y las fotografías que atestiguan los malos tratos que sufrió en las horas que siguieron a su detención por parte de la Guardia Civil.

Batasuna respaldó la proposición de EA, aunque no sin reprochar a esta formación que su discurso político ­«por encima del bien y del mal», en palabras de Jone Goirizelaia­ no coincida con su práctica diaria.

PNV e IU-EB, socios de EA en el Gobierno de Lakua, rechazaron, sin embargo, su iniciativa, a la que negaron su voto favorable después de presentar una enmienda a la totalidad en línea con lo aprobado el 28 de setiembre de 2001 en el pleno sobre pacificación. El PNV votó en contra del texto de EA, como el PP y el PSE, mientras que los tres parlamentarios de IU-EB se abstuvieron.

De este modo, PNV e IU-EB llevaron a votación su enmienda a la totalidad, que salió adelante porque también EA votó a favor y porque en los grupos de PP, PSE y Batasuna, que lo hicieron en contra, se registraban varias ausencias. De no haber sido así, la enmienda de PNV e IU-EB habría sido rechazada, ya que la oposición es mayoría en el Parlamento autonómico.

El texto aprobado con los votos del tripartito manifiesta el «compromiso prioritario con la defensa de los derechos humanos y de las libertades de todas las personas sin distinción», reitera el «rotundo rechazo a todo tipo de violencia y extorsión», y exige «a ETA el abandono definitivo de la violencia». En su segundo punto declara que «en materia de derechos humanos no caben excepciones y que, por tanto, son inadmisibles la práctica de la tortura o la violación de los derechos de personas detenidas».

La apertura del debate corrió a cargo de Rafael Larreina, por-tavoz del grupo proponente, que expresó su convicción de que miembros de las FSE practican la tortura, por lo que consideró una «obligación ética» tanto denunciar este hecho como «evitar espacios de impunidad». En nombre de IU-EB, Antton Karrera advirtió de que «no sería bueno cerrar los ojos a las numerosas denuncias y condenas por torturas producidas durante los últimos años» y también el jeltzale Emilio Olabarria afirmó no tener «ninguna duda de que en el Estado español se tortura», como se de- muestra, según explicó, en sentencias del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o de la Provincial de Bizkaia.

Emilio Olabarria, no obstante, mostró discrepancias con la proposición no de ley de EA y pidió un receso para intentar aproximar posiciones con sus compañeros en el gabinete de Juan José Ibarretxe. La reunión de los portavoces de los seis grupos parlamentarios no sirvió para alcanzar consensos, ya que EA se negó a modificar su propuesta y tampoco aceptó una enmienda transaccional que recogiera el texto aprobado el pasado 27 de febrero en las Juntas Generales de Gipuzkoa. PNV y EA rechazaron en ese foro una iniciativa de Batasuna prácticamente idéntica a la propuesta ayer por Larreina y sacaron adelante un texto alternativo con los votos del PSE. Olabarria propuso a EA y PSE recuperar esa misma declaración, pero ni uno ni otro lo aceptó.

El parlamentario jeltzale tildó de paradójica la postura de EA por entender que lo aprobado en Gipuzkoa «fue mucho más razonable» y por considerar que el texto alternativo de PNV e IU-EB hace una condena de la tortura «enfática, clara y suficientemente enérgica». Asimismo, lamentó que el PSE se negara a apoyar la misma declaración que, en cambio, sí respaldó en las Juntas guipuzcoanas.

Desde las filas del PSE, Javier Rojo dijo estar sorprendido por la diferencia de criterios entre los socios de gobierno y llevó el debate a un escenario de acusaciones a los parlamentarios de Batasuna, a los que acusó de ser «parte de los torturadores» porque «cada vez que hay un acto terrorista miran para otro lado». En este sentido, Rojo añadió que «el 50% de la sociedad vasca vive torturada de una forma u otra».

Jone Goirizelaia subrayó que la tortura es posible en el Estado español porque cuenta con la «cobertura del poder político y mediático», de manera que «la lucha contra la tortura debe ser la lucha contra el propio ser de ese Estado que la permite; hay que luchar contra sus causas y la legalidad que permite que eso se produzca». Para ello, no obstante, «hace falta voluntad política» de la que, a su juicio, carecen PNV e IU-EB, puesto que «dicen que están en contra de la tortura pero lo que hacen con su propuesta es darle cobertura».

Antonio Salazar, del PP, siguió la misma línea que Rojo y declaró que «rechazamos la tortura porque somos los únicos que la padecemos hoy por hoy en esta Cámara».

Olabarria opinó que la propuesta de EA «tiene deficiencias por defecto y por exceso»: las primeras porque para evitar espacios de impunidad sólo se refiere a la «ley antiterrorista» y las segundas porque «plantea medidas jurídicamente discutibles, como anular diligencias porque hay sospechas de malos tratos».

Salazar aseguró estar «perplejo por la demagogia» de la proposición de EA, ya que «propone medidas que ya se cumplen perfectamente» en relación con las garantías procesales de los detenidos y porque en la justificación de la iniciativa sólo menciona a la Guardia Civil. Además, criticó que se dude de la honradez de los jueces.

Rojo calificó la iniciativa de EA de «inoportuna y disparatada» porque «parte de una premisa que no existe, la situación generalizada de torturas a los detenidos», que, a su juicio, tienen garantizados sus derechos por el sistema judicial español. Para Rojo, es «irresponsable» cuestionar la labor de jueces, médicos o forenses.

Goirizelaia denunció que la tortura se usa para incidir en la vía represiva y recurrió a su conocimiento directo para constatar lo dicho: «Esta misma semana he visto en la Audiencia Nacional a personas con marcas evidentes de haber sido torturadas y ningún juez ha abierto diligencias ni ningún fiscal ha pedido investigar».

El parlamentario proponente incidió en la importancia de denunciar «toda violación de derechos humanos» porque «en esta materia no caben excepciones». Larreina abogó por «poner los medios necesarios para evitar que en el futuro haya quienes sean sometidos a torturas y a ste tipo de prácticas».

El portavoz de IU-EB afirmó que la experiencia demuestra que «hay que suprimir esos espacios de sombra entre que una persona es detenida y pasa a disposición judicial». Karrera dijo compartir buena parte de la propuesta de EA, pero reclamó consenso en torno al texto del pleno sobre pacificación.